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Pronunciamiento a la Opinión Pública

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, en el país 65 mil personas viven con el VIH, de los cuales 34 mil conocen su diagnóstico y 23 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral.

Hay sin embargo una brecha en el acceso a diagnóstico oportuno por parte de las poblaciones más afectadas como son los hombres gay y bisexuales y las personas trans, cuyos índices de cobertura no superan el 5%, lo cual es preocupante si el Perú espera alcanzar la meta de 90% de personas diagnosticadas (Metas 90-90-90 de ONUSIDA/OMS).

La preocupación se agrava, cuando constatamos que por omisión funcional de los servidores públicos del sector salud se generan barreras en el diagnóstico del VIH, como por ejemplo la no aplicación oportuna de pruebas rápidas de detección del VIH lo que viola el derecho de las personas de conocer su diagnóstico y recibir cuidado adecuado de salud.

Nos indigna saber que mediante Resolución Directoral N° 003-2016 Cenares- del 8 de marzo, se acordó destruir un total de 65 mil 458 pruebas rápidas para la detección del VIH que vencieron entre los meses de febrero y setiembre del año pasado y que no se lograron distribuir a los hospitales, centros de salud o establecimientos especializados.

Es decir, el Ministerio de Salud y las direcciones responsables del uso y distribución de dichas pruebas, no fueron capaces de generar una demanda de uso de estos insumos médicos y los dejaron vencer, aun cuando desde febrero del 2015, se conocía de la situación de expiración.

También resulta cuestionable, que la Dirección Regional de Salud de Cajamarca haya tenido que adquirir 960 pruebas rápidas para el VIH, ante una supuesta escasez de insumos en el mes de agosto, mientras que el almacén central del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, aún había un lote de pruebas sin expirar.

Notamos que el sector, toma con indiferencia el tema de la prevención y detección del VIH en el país, permitiendo que 5 millones 350 mil 870 nuevos soles, sean literalmente destruidos, como también se ven destruidas aquellas posibilidades de diagnóstico de personas que a veces desean realizarse un tamizaje y no lo pueden hacer por razones de costos, acceso o faltas de campañas públicas.

Por este motivo, hacemos un llamado a las autoridades de la Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial, A investigar sobre el despilfarro de dinero que ha ocurrido en este caso, en desmedro de la salud de miles de peruanos, quienes pudieron tener acceso a la prueba rápida de VIH y en consecuencia a un diagnóstico oportuno y mejor calidad de vida

Finalmente, cuestionamos la invisibilidad del programa de VIH en el Ministerio de Salud, ya que no solo perjudica la prioridad del tema frente a los lineamientos de prevención y tratamiento, sino que atenta contra lo suscrito por el Presidente de la República y refrendado por otros 10 ministerios, entre ellos el MINSA en el Plan Estratégico Multisectorial 2015-2019.

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